Préstamos responsables: mejor información, más competencia

Rosario Celedón

Tenemos una nueva Ley Pro-Consumidor que, entre otros avances, recoge el “principio de préstamo responsable” y exige a los proveedores de crédito analizar la solvencia económica del consumidor para cumplir con sus nuevas obligaciones (“sobre la base de información obtenida suficiente por medios oficiales”), e informarle debidamente del resultado de ésta.

Con ello se busca promover un acceso sano al crédito, que ayude a las personas y hogares a suavizar el consumo durante su ciclo de vida, pero evitando el riesgo de endeudamiento excesivo o insostenible que pueda afectar negativamente su calidad de vida y transformarse en lo que algunos han llamado “deuda maldita”.

Esta medida aprobada por el Congreso resulta atingente, ya que los hogares en Chile han alcanzado su nivel de endeudamiento de manera sostenida en la última década. Según el Informe de Endeudamiento 2021 de la CMF, un porcentaje relevante de los hogares presenta altas cargas financieras y cerca de 800 mil personas gastan más del 50% de sus ingresos mensuales en pagar sus deudas. Y pese a que muchos destinaron parte de los retiros de sus ahorros previsionales al pago de obligaciones financieras (demostrando responsabilidad y conciencia de la relevancia de un buen comportamiento de pago), el último estudio USS-Equifax reporta más de cuatro millones de deudores morosos.

Por lo mismo, desconcierta la reticencia parlamentaria para avanzar en reformas tan necesarias como la creación de un sistema de información crediticia consolidado y un marco de finanzas abiertas, los cuales apuntan precisamente a otorgar a las personas, proveedores financieros y autoridades las herramientas necesarias para contar con mejor información que permita visualizar en forma fidedigna, completa y oportuna la totalidad del endeudamiento y la capacidad de pago de las personas y empresas, a fin de lograr un acceso justo y mejorado al sistema financiero.

Con ello, se facilitaría a las personas la posibilidad de consultar y tener mayor claridad de su propia información financiera y así evitar incentivos a endeudarse más allá de su límite, o recurrir a prestamistas informales con riesgo de caer en estafas; cuidando así la salud de sus finanzas y pudiendo acceder a mejores condiciones de crédito y otros productos financieros, al poder demostrar que son personas responsables.

A su vez, con mejor acceso a información, los oferentes de crédito podrían realizar una evaluación más precisa de la capacidad y comportamiento de pago de los individuos, para poder otorgarles préstamos y productos financieros en forma responsable, tal como les requiere la Ley Pro-Consumidor.

Estas reformas permitirán también mayor competencia en el sector financiero, impidiendo la fragmentación actual y facilitando la movilidad entre oferentes al reducir las asimetrías de información existente (objetivo que la Ley de Portabilidad Financiera por sí sola no ha logrado aún cumplir). Ello genera una cancha de juego pareja para los distintos actores, titulares y desafiantes como las Fintech, lo que puede ampliar la oferta de productos y servicios innovadores.

Así, un análisis ponderado y reflexivo de estas propuestas, con el foco puesto en las personas, nos debería llevar a una visión compartida de lo imperioso y coherente de avanzar en estas reformas con prontitud, para lograr ese objetivo primordial de mejorar la salud financiera las familias a través de servicios financieros responsables y justos.